Amazona, los incendiarios se disfrazan ‎de bomberos

por Manlio Dinucci

Aliados de ayer y enemigos de hoy, eso son los países que ayer invirtieron en Brasil y ‎que favorecieron la explotación indiscriminada de las riquezas de ese país pero que ahora denuncian las consecuencias desastrosas del modelo económico que ellos mismos ‎predican. ‎

Ante la propagación de los incendios en la región amazónica, la cumbre del G7 modificó su orden ‎del día para «enfrentar la urgencia». ‎

Los países miembros del G7 –Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón, Canadá y ‎Estados Unidos– se disfrazaron, junto a la Unión Europea, de bomberos del planeta. ‎El presidente francés Emmanuel Macron, en el papel de jefe de esos bomberos, proclamó la ‎alerta: «nuestra casa está en llamas». El presidente estadounidense Donald Trump prometió ‎que Estados Unidos se implicaría a fondo en las labores de extinción del incendio. ‎

Las luces de los grandes medios de difusión se concentran sobre los incendios en Brasil, dejando ‎en la sombra todo lo demás, sobre todo el hecho que la destrucción no afecta sólo la jungla ‎amazónica –cuyas dos terceras partes están en suelo brasileño y que entre 2010 y 2015 ‎se redujo en casi 10 000 kilómetros² al año– sino también las selvas tropicales del África ‎Ecuatorial y del Asia sudoriental. Las selvas tropicales han perdido, como promedio anual, una ‎superficie equivalente a la suma de las regiones italianas de Piemonte [25 402 kilómetros²], ‎Lombardía [23 863 km²] y Véneto [18 399 km²]. Las condiciones de la jungla amazónica y las de ‎las selvas tropicales son diferentes pero la causa fundamental de los incendios es la misma: la ‎explotación intensiva y destructiva de los recursos naturales para sacarles las mayores ganancias. ‎

En la Amazonia se cortan los árboles para explotar las maderas preciosas, que se destinan a la ‎exportación. Esas tierras se vuelven entonces muy frágiles y son abandonadas mientras que ‎se deforestan otras zonas. Se utilizan métodos muy destructivos, que dañan gravemente el ‎medioambiente, para explotar los yacimientos amazónicos de oro, de diamantes, de bauxita, zinc, ‎manganeso, hierro, petróleo y carbón. La construcción de inmensas hidroeléctricas para producir ‎la energía destinada a la actividad industrial también es otra de las causas de la destrucción de la ‎jungla amazónica. ‎

La explotación intensiva y destructiva de la Amazonia está en manos de compañías brasileñas, ‎pero estas están a su vez bajo el control –a través de la compra de acciones, de diversos ‎mecanismos financieros y de redes comerciales– de las principales transnacionales de las ‎potencias miembros del G7 y de otros países. ‎

Por ejemplo, la empresa brasileña JBS –que posee en Brasil 35 instalaciones para la producción ‎de carne, donde se sacrifican cada día 80 000 ejemplares de especies bovinas– tiene sedes en ‎Estados Unidos, Canadá y Australia, pero se halla bajo el control de los grupos financieros que ‎tiene como acreedores: el estadounidense JP Morgan, el británico Barclays (GB) y los grupos ‎financieros alemanes de Volkswagen y Daimler. El grupo brasileño Marfrig, en segundo lugar ‎en importancia después de JBS, se halla en 93% bajo el control de inversionistas estadounidenses, ‎franceses, italianos y de otros países europeos así como canadienses. ‎

Noruega amenaza a Brasil con la adopción de presiones económicas por la destrucción de la ‎Amazonia mientras que la transnacional noruega Hydro –perteneciente al Estado noruego en un ‎‎50%– provoca en el territorio amazónico graves daños medioambientales para explotar ‎yacimientos de bauxita, destinada a la producción de aluminio, al extremo que su actividad está ‎siendo investigada por la justicia brasileña. ‎

Los gobiernos de las potencias del G7 y de otros países que hoy critican públicamente al presidente ‎brasileño Jair Bolsonaro para redorar su imagen ante la reacción de la opinión pública, son ‎precisamente los mismos que favorecieron el ascenso de Bolsonaro al poder para que sus ‎transnacionales tuvieran las manos libres en la explotación de la Amazonia. ‎

Las comunidades indígenas, en cuyos territorios se concentran las actividades ilegales de ‎deforestación, son objeto de ataques. Y eso sucede bajo la mirada impasible de la ministro de ‎Agricultura de Bolsonaro, la señora Tereza Cristina Correa da Costa Dias, proveniente ella misma ‎de una familia de latifundistas con un largo historial de ocupaciones fraudulentas y violentas de ‎tierras pertenecientes a comunidades indígenas. ‎Manlio Dinucci

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